NO AL PRÉSTAMO DE PAGO EN BIBLIOTECAS

Recientemente, el Tribunal de Justicia Europeo ha condenado al Estado español a transponer la directiva 92/100, controvertida en prácticamente todos los países europeos. Esta directiva obliga a las bibliotecas a hacer algo contrario a su filosofía: pagar por prestar los libros a los lectores. El Ministerio de Cultura, en vez de unirse con otros países para tratar de anular esa disposición, a todas luces perniciosa para la cultura, tiene la intención de incorporarla en la futura Ley del Libro, la Lectura y las Bibliotecas, imponiendo un canon a las bibliotecas por su actividad principal: el préstamo de libros y otros materiales.

Este canon se liga al concepto de derechos de autor, pero esto no es más que una coartada. La inmensa mayoría de los autores no van a percibir prácticamente nada a cambio de que las bibliotecas presten sus libros, como se ha comprobado en los países en los que ya se aplica la directiva. Además, cientos de autores se han opuesto a este canon: Andrés Aberasturi, Belén Gopegui, Carlo Frabetti, Darío Fo, Emilio Lledó, Enrique Miret Magdalena, Gustavo Martín Garzo, José Luis Sampedro, Maruja Torres, Miguel Delibes, Rosa Regás... y un largo etcétera, además de cientos de profesores universitarios. La biblioteca es, indudablemente, una aliada de los autores, a los que promociona en mucha mayor medida que cualquier otra institución.

Si se llega a aplicar este canon, los presupuestos dedicados a bibliotecas sufrirán un recorte inevitablemente, y debe tenerse en cuenta que España es uno de los países europeos con menor gasto social en bibliotecas, y también uno de los países más atrasados en cuanto a indicadores de lectura. Difícilmente puede esta medida impulsar la lectura, como se dice en la exposición de motivos de la futura ley del Libro, la Lectura y las Bibliotecas. Por otro lado, este canon supone un paso adelante en la ofensiva neoliberal contra los servicios públicos, ya que los derechos de autor están ya recogidos en el precio de venta de libros y otros materiales. Es una agresión a la biblioteca imponerle una carga impositiva por ejercer su misión principal: el préstamo. Este nuevo impuesto introduce una lógica mercantilista en la biblioteca, absolutamente rechazable, y, además, será recaudado no por la administración, sino por las entidades de gestión de los derechos de autor, correas de transmisión de los intereses de los grandes grupos editoriales.

La directiva 92/100, como cualquier otra, es cuestionable. La Plataforma contra el Préstamo de Pago impugna su filosofía y está llevando a cabo una campaña informativa entre la opinión pública y las organizaciones. El objetivo final de la Plataforma es generar el debate social que se ha esquivado y, eventualmente, conseguir la retirada aceptable que los gobiernos vayan a Europa con una postura débil en la defensa de sus servicios públicos y vuelvan a su país con el mensaje resignado de que "Europa nos obliga a cumplir la directiva". 

Las organizaciones que quieran adherirse a este comunicado, pueden hacerlo a través del correo electrónico adhesiones@noalprestamodepago.org <mailto:adhesiones@noalprestamodepago.org>.

Los ciudadanos que deseen apoyar la campaña NO AL PRÉSTAMO DE PAGO EN BIBLIOTECAS, pueden hacerlo a través de la biblioteca más próxima.

Para más información: www.noalprestamodepago.org

PLATAFORMA CONTRA EL PRÉSTAMO DE PAGO

Marzo 2007